La UNT dio un paso positivo hacia la concreción de la Ciudad Universitaria y hacia una actitud más madura de su participación en el negocio minero, tras las dos sesiones secretas que llevó a cabo el Consejo Superior el 18 y el 30 de noviembre. El rector José García y los consejeros dieron por concluidas con calma sus sesiones del año –en estas dos jornadas había movilizaciones livianas de grupos contra la megaminería en las veredas del Rectorado- aunque lo que se ha conseguido fueron avances pero los conflictos de fondo siguen pendientes. Son muy difíciles de resolver, tras años de idas y vueltas. Como dice José Roberto Toledo, uno de los dos delegados de la UNT en el ente Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), “nada es perfecto, pero es un gran avance en la razonabilidad”.
El acta de la discordia
El 2 de enero de 2008, entre gallos y medianoche, el ex rector Juan Alberto Cerisola abrió la puerta a 13 años de controversias por la minería en la UNT. Ese día firmó con YMAD un acta por la que se daba por concluida la Ciudad Universitaria, cuya construcción está prevista en la ley 14.771, con la que se creó YMAD en 1958. Esta empresa fue constituida para zanjar las diferencias entre la UNT y Catamarca a raíz de que Abel Peirano, que en 1936 había descubierto el yacimiento minero en Hualfín, le había cedido los derechos de explotación a la universidad, lo cual había disgustado a las autoridades catamarqueñas porque el yacimiento está en su territorio. La idea de Peirano era que la UNT pudiera aprovechar los beneficios de la extracción de minerales –cobre, oro, plata y otros- y por ello en el Art. 18 de la ley se estableció que el 40% de las regalías debía ser para la construcción de la Ciudad Universitaria. Una vez que esta estuviera concluida, la mitad de ese 40% quedaría para la UNT en libre disponibilidad y la otra mitad debía ir para las otras universidades.
Pues bien, en esa mañana de 2008 Cerisola acordó el acta que daba por terminada la Ciudad Universitaria y con eso permitió el libre uso de la mitad del 40%. ¿Cuánta plata era? No se sabe bien. En 2008 hacía cinco años que estaban llegando utilidades por la explotación minera en Bajo la Alumbrera y seguirían llegando hasta 2014. Mucha plata, que a partir del acta se podía usar según las necesidades de las autoridades universitarias. Ese acuerdo estuvo oculto precisamente hasta 2014, cuando el ex delegado de la UNT en YMAD, Florencio Aceñolaza, dio a conocer que la Universidad había dejado de percibir unos 500 millones de pesos por el cambio de destino de las utilidades desde 2008.
Lo que ingresó, supuestamente fue usado, en parte, para las obras que se hicieron en la UNT, muchas de las cuales están en la denuncia en la Justicia Federal por supuestos sobreprecios y otras denunciadas maniobras contra Cerisola y tres ex subalternos. El juicio espera fecha. No se sabe cuándo se hará en el Tribunal Oral Federal.
Ese año 2014 fue, también, el de la anagnórisis del Consejo Superior, que advirtió la magnitud del caos que el dinero a raudales de la minería había generado en la Casa de Estudios. Fue el año en que la UNT hizo un estudio ambiental en Andalgalá a propósito del primer proyecto para la futura mina Agua Rica, y fue el año en que el Consejo Superior repudió y declaró nula el acta de 2008, que sigue vigente, porque para YMAD ha sido siempre válida: fue firmada por todos sus delegados (incluidos los de la UNT) y a partir de ella se había comenzado a repartir de otra manera las utilidades. En 2018 la UNT fue en querella contra YMAD en la Justicia Federal de Catamarca en busca de hacer nula el acta.
Un año después, en octubre de 2019, la situación empeoró cuando se acordó en YMAD la viabilidad de un nuevo proyecto minero con Agua Rica. Los delegados de la UNT estuvieron presentes en el ente pero no votaron y días después en el Consejo Superior ese acuerdo fue considerado lesivo a los intereses de la UNT en YMAD; también fue repudiado y se pidió investigación sobre todo lo que se había hecho. Incluso se cuestionó que la UNT estuviera metida en el negocio minero, ya mirado como contaminante. También ese año se envió una comisión a Andalgalá a que estudiara el problema del medio ambiente y de la salud.
Cambio de paradigma
Hace un año el rector de la UNT, José García, y el gobierno de Catamarca comenzaron a definir un cambio de paradigma. El laborioso tejido del acuerdo cristalizó en la propuesta de conciliación que se aprobó tras la sesión secreta del 18 y el 30 de noviembre. La UNT levanta la querella contra YMAD por la nulidad del acta de 2008, YMAD (y Catamarca) aceptan que vuelve a estar vigente el artículo que determina que el 40% de las utilidades debe ir para la Ciudad Universitaria y se establece que faltan construirse 135.000 m2 de edificación de esa Ciudad. Todo debe ser aprobado ahora por el directorio de YMAD y luego habrá que convencer a las otras universidades argentinas de que no les llegarán utilidades mineras hasta que la UNT complete su ciudad.
Ha sido lo más fácil de un debate muy profundo que tiene atrapada a la Universidad, pegada a una minería que, al mismo tiempo que ha generado fuertes controversias por el fantasma de la contaminación y del uso intensivo del agua, genera grandes expectativas en las zonas de producción -Catamarca, Jujuy y La Rioja y ahora se ha sumado Salta-. En 2019 las exportaciones mineras ocuparon el 5% de las exportaciones argentinas.
En las sesiones secretas del Consejo Superior dieron sus informes las tres comisiones de expertos creadas para analizar los aspectos legales, económico-financieros y ambientales, socioculturales y de salud derivados del acuerdo de YMAD de 2019 para el proyecto Agua Rica, repudiado por el Consejo Superior. Las comisiones, que expresaron no haber contado con informes precisos para su labor en medio de la pandemia -el informe ambiental previo a la explotación no se hizo; no se pudo determinar si ya se completó el cierre de mina Alumbrera ni si están extinguidos los yacimientos de Bajo de la Alumbrera y Bajo el Durazno, ni cómo debería revertirse la infraestructura para YMAD (la cual prácticamente se enajenaba en el acuerdo por Agua Rica). La decana de Derecho, Adela Seguí, dijo que los informes ratificaron su postura de que la UNT no tuvo información suficiente y que “la que existía exhibía un negocio claramente inequitativo para la Universidad”. Las comisiones aconsejaron incorporar más análisis.
En cuanto a la de ambiente y salud, remarcó la compleja situación social existente en Andalgalá, con una población dividida entre el rechazo a la minería y las expectativas laborales; la necesidad de que se estudie el impacto ambiental y el estado del agua. Propuso la creación en la UNT de estructuras de gestión para seguimiento y control de la actividad minera (Observatorio Minero), así como promover la formación técnica profesional y ética de los estudiantes de grado y posgrado en temáticas ambientales y socioculturales. Dice que hay profundo desconocimiento en la comunidad en general y de la de la UNT en particular, de los contratos y de datos concluyentes con respecto a la temática ambiental y sanitaria.
También plantea que hay que involucrarse con las comunidades -sobre todo aborígenes- y generar instancias de mediación para el diálogo, así como aprovechar el recurso energético solar en el futuro.
Una gran crítica que le hace a la UNT es no haber hecho controles. No haber sabido hacerlos.
O sea, el acuerdo conciliatorio con YMAD es el primer paso de un larguísimo proceso, que habrá de deparar nuevos derroteros en la UNT minera.